Argentina en vilo por joven desaparecido

Argentina en vilo por joven desaparecido

La mirada de Santiago Maldonado incomoda a la Argentina.

El joven de 28 años que desapareció hace un mes en la Patagonia durante un operativo de las fuerzas federales, según denunció la familia, se ha convertido en un problema para el gobierno de Mauricio Macri, que todavía no ha dado con su paradero y es acusado por organismos de derechos humanos de encubrir a los responsables.

La fotografía de Maldonado, de ojos verdosos, mirada vivaz y tupida barba castaña, acompañada por la frase “¿Dónde está Santiago?” también inquieta a una sociedad que tiene latente en su memoria las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) y que con la democracia ya restablecida padeció otros casos de desaparición de personas por el accionar de las fuerzas de seguridad.

La imagen del joven se multiplicó en camisetas, banderas y pancartas durante una manifestación el viernes en la histórica Plaza de Mayo y otros puntos del país para exigir su aparición con vida y cuestionar la falta de respuestas de la justicia y del gobierno para esclarecer el caso.

Los familiares de Maldonado denunciaron que el joven fue detenido el 1 de agosto por agentes de la Gendarmería –la policía de fronteras– durante el desalojo de miembros de una comunidad mapuche que cortaban una ruta en la provincia de Chubut, unos 1.800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Los mapuches reclaman como propias vastas extensiones de tierra que son propiedad de la compañía italiana Benetton.

Maldonado, artesano y tatuador, se había instalado en la Patagonia desde hacía unos meses. Allí se solidarizó con la causa mapuche.

“Estamos aquí porque fue desaparecido y encubierto por el Estado. Estamos aquí porque esto ya nos pasó en la dictadura y queremos que no vuelva a ocurrir nunca más”, dijo a la AP Daniela Rey, de 24 años, una militante política que llevaba una camiseta blanca con la cara de Maldonado.

“A la señora ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien capacitado”, exigió Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien leyó un documento en nombre de la familia desde un escenario de espaldas a la Casa de Gobierno.

“¡Que se vaya, que se vaya!”, respondió la multitud, entre referentes de organismos de derechos humanos, dirigentes opositores y sindicales.

La justicia investiga el caso como una desaparición forzada, entendida como la detención o secuestro por parte de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.

No obstante, la fiscal del caso Silvina Ávila afirmó en un informe que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se encontraron pruebas de la participación de la Gendarmería en la desaparición.

Agregó que no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza y que en los primeros días de las pesquisas se estuvo muy cerca de un rastro pero los propios mapuches impidieron continuar los trabajos al prohibir que perros rastreadores ingresaran a un territorio que consideran sagrado.

Los miembros de la comunidad mapuche que relataron bajo condición de anonimato a los medios que Maldonado fue capturado por gendarmes no se presentaron ante el juzgado para ratificar sus dichos.

Aún no se han oficializado los resultados de los peritajes hechos a vehículos y dependencias de la Gendarmería y siguen pendientes los análisis técnicos de las llamadas de los celulares del joven, que no fueron hallados.

“No hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar una desaparición forzada”, apuntó el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, esta semana durante una exposición en el Congreso. El funcionario pidió “no buscar enemigos… ni atacar a una fuerza de la democracia, como la Gendarmería, sin elementos probatorios”. El gobierno denunció que la oposición liderada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) busca sacar provecho electoral del caso Maldonado en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre.

En un clima de creciente tensión, manifestantes atacaron con bombas molotov una delegación de gendarmería en el sur del país y otros arrojaron piedras a una sede de esa fuerza en Buenos Aires. No se reportaron heridos.

Al margen de la investigación judicial y las explicaciones oficiales para los organismos de derechos humanos a Maldonado se lo llevó la Gendarmería.

“Que una desaparición ocurra en un gobierno democrático es inconcebible”, manifestó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. “El Estado tiene que responder por la desaparición forzada de Santiago”.

El caso tuvo como antecedentes en democracia las desapariciones, entre otras, de Luciano Arruga y Julio López. El primero, un adolescente de 16 años, fue detenido y torturado por la policía en 2009. Su cuerpo apareció cinco años después enterrado en una tumba anónima. López, por su parte, desapareció en 2006 poco después de declarar contra un exjefe de la policía en un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La justicia sospecha que fue secuestrado y asesinado para amedrentar a testigos de causas similares. Sus restos nunca fueron hallados.

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