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La quiebra de Venezuela pone en alerta a Repsol por el impago de 2.131 millones

La quiebra de Venezuela pone en alerta a Repsol por el impago de 2.131 millones

Repsol mira con preocupación a Venezuela después de que su presidente, Nicolás Maduro, anunciase días atrás que el país no podía afrontar el pago de la deuda. La petrolera española tiene un riesgo de 2.131 millones vinculado a su socio local Petróleos de Venezuela (PDVSA), al que Moody’s rebajó la semana pasada su calificación crediticia por reconocer que no tenía dinero para hacer frente a un vencimiento.

Según reconocen fuentes oficiales de Repsol, el riesgo de que PDVSA, con la que explota dos campos petrolíferos y de gas (Cardón IV y Quiriquire) en Venezuela, no les abone el principal y los intereses de un préstamo de 1.200 millones de dólares es evidente tras la declaración de Maduro. No obstante, matizan que hasta la fecha han cobrado a tiempo, algunas veces en dólares y otras en especie, una fórmula poco habitual entre compañías internacionales del sector.

Hace apenas un año, Repsol y PDVSA firmaron un acuerdo por el que la española le concedió un préstamo de hasta 1.200 millones de dólares (1.074 millones de euros) para reforzar la estructura financiera de la empresa mixta Petroquiriquire. La alianza se vendió como una fórmula para financiar los proyectos en la zona. Pero, en realidad, fue una vía diseñada por la española para poder repatriar parte de los cerca de 2.400 millones de dólares (2.050 millones de euros) que tenía retenidos en el país latinoamericano.

De hecho, PDVSA le cedió a Petroquiriquire, que pasó a ser controlada por Repsol, los cobros de la venta de crudo al extranjero, por lo que el dinero no circulaba ya por la empresa estatal controlada por el Gobierno de Maduro. Por tanto, la compañía mixta se convertía en realidad en dueña de los pozos de la zona de Carabobo, con autonomía y potestad de decidir sobre inversión de capital, dividendos y servicio de deuda. Repsol puso en marcha lo que se conoce como método de ‘escrow’, que significa que un tercero, que no está en Venezuela, administra en una cuenta los pagos que se derivan de las actividades, el dinero por las facturas se queda en el extranjero y se puede usar para pagar a la española.

El grupo participado por Criteria CaixaCorp y Sacyr tiene otros 1.100 millones de euros en préstamos concedidos a sus filiales en Venezuela, que no detalla en sus cuentas anuales. Y, aunque hasta la fecha la relación con el Ejecutivo de Maduro ha sido correcta, el reciente anuncio del líder bolivariano ha hecho saltar las alarmas en el despacho de Josu Jon Imaz. El presidente de la petrolera española estuvo en septiembre en Caracas para firmar un aumento de la producción de gas en el país, pero ahora se teme que la reestructuración de la deuda y los impagos de PDVSA tensen su posición en el país.

Repsol sostiene que mantiene el dólar como moneda funcional de la mayor parte de sus negocios de exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela, principalmente desarrollados a través de sus inversiones contabilizadas por el método de la participación (Cardón IV SA, Empresa Mixta Petroquiriquire SA y Empresa Mixta Petrocarabobo SA). En las compañías cuya moneda funcional es el bolívar (fundamentalmente, Quiriquire Gas SA), la española usa como referencia para la elaboración de los estados financieros el tipo de cambio Dicom para la conversión de bolívares a euros. “La devaluación del bolívar no ha tenido impactos significativos en los estados financieros de Repsol”, indica en su último informe trimestral.

El pasado miércoles, Moody’s rebajó el ‘rating’ de PDVSA a ‘Ca’ desde ‘Caa3’, con perspectiva negativa, después del impago cometido por la empresa venezolana y la expectativa de que volverá a incurrir en ‘default’ respecto de otras obligaciones a corto plazo, dados el “significativo estrés financiero” y las intenciones del Gobierno de Maduro de reestructurar la deuda soberana. Una calificación de ‘Ca’ significa que es literalmente bono basura.

La decisión de Moody’s refleja el impago de PDVSA del pasado 2 de noviembre, cuando la petrolera venezolana debía pagar 1,169 millones de dólares del principal relativos a notas de 2017, así como por el significativo estrés financiero al que se encuentra sometida por su limitada capacidad de generar liquidez para afrontar sus obligaciones a corto plazo y financiar las inversiones necesarias para mantener la producción y la calidad de los activos.

Hoy, el Gobierno de Venezuela se reúne con sus acreedores para negociar una reestructuración o posible quita en la deuda del país. El bono con vencimiento en 2018 se ha hundido hasta el 30% de su valor nocional, mientras la rentabilidad se ha disparado por encima del 200%. Una evolución que anticipa una suspensión de pagos que afectará a bancos como JP Morgan y fondos como Fidelity y BlackRock. Falta por saber cómo afectará a Repsol, que ha repatriado a algunos de sus trabajadores por el clima de tensión en el país.

 

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